Siempre nos quedarán los juzgados
ROGELIO GONZÁLEZ 21 noviembre 2019
NADIE DUDA ya que las sentencias judiciales que conocemos de alcance público pueden tener repercusiones políticas tan determinantes que los magistrados se convierten, me imagino que contra su voluntad, en actores políticos de primer orden. No es necesario recordar el alcance que tuvo para el gobierno de Rajoy la resolución del caso Gürtel o las consecuencias que estamos sintiendo tras la del Procés. Y las que debería haber en el PSOE con la más reciente sobre los ERE de Andalucía.
Los ciudadanos nos cabreamos, y con razón, cuando no consideramos que los fallos judiciales son lo suficientemente ejemplificantes en sentencias como la de «la manada» o la del caso Urdangarín. Esa impresión tan española que la Justicia no es igual para el «robagallinas» que para el ladrón de guante blanco sigue existiendo y, desgraciadamente, deberán darse muchos casos en los que los poderosos paguen sus culpas sin atajos para que pueda desaparecer del imaginario colectivo.
No obstante, de vez en cuando podemos desayunar noticias en la que los ciudadanos vencen a grupos económicamente poderosos. Tal sería el caso de las peripecias que han tenido que hacer los bancos, en las que incluyo presiones en las altas esferas judiciales, para mitigar la estafa del entramado de hipotecas abusivas que crearon. Y descendiendo al mundo local, la victoria de los vecinos del centro tradicional de Alicante en los juzgados frente a su ayuntamiento para lograr que la zona del «tardeo» se controle mediante la declaración de Zona acústicamente saturada, que rechazaron algunos de sus representantes políticos, y el «establecimiento de limitaciones y medidas para la recuperación de los niveles sonoros previstos por la normativa y recomendados por la Organización Mundial de la Salud tanto para el ambiente interior como exterior de las viviendas». Creo que la primera acepción que la RAE ofrece de «zasca» (respuesta cortante, chasco, escarmiento) es apropiada para definir lo que la jueza ha dado a muchos de los últimos concejales y alcaldes que han pasado por Alicante. ¿Todos aquellos que evocan constantemente la Constitución qué dicen ahora que la Justicia les afea que nos han salvaguardo los derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna para los residentes en este espacio de su ciudad? La intrahistoria de este largo y vergonzoso proceso la ha diseccionado Sergio Sampedro en estas páginas y a muchos ciudadanos les será indiferente. Siempre nos quedarán los juzgados, le recordarán al político que les ignore de ahora en adelante.
