Los Defensores del Pueblo estudian la invasión de los domicilios por ruido y el papel de las administraciones
EP – Jueves, 22 de Septiembre de 2016
Aznárez denuncia «la soledad con que la ciudadanía soporta la vulneración de sus derechos y el largo camino de la reclamación»
PAMPLONA. Los Defensores del Pueblo se reúnen este jueves y viernes en Pamplona para celebrar sus XXXI jornadas de coordinación, en las que debatirán sobre ‘La invasión del domicilio por ruidos: la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la integridad física y psíquica’.
En este encuentro se dan cita los diferentes titulares de las distintas defensorías existentes en España: el Defensor del Pueblo Andaluz, el Síndic de Greuges de Catalunya, el Valedor do Pobo de Galicia, el Diputado del Común de Canarias, el Ararteko del País Vasco, el Justicia de Aragón, el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, y el Procurador del Común de Castilla y León, además del Defensor del Pueblo de Navarra.
En la inauguración del acto en el Parlamento de Navarra, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha advertido de que «las consecuencias físicas y psíquicas generadas por la violación del domicilio a causa del ruido son muy importantes» y ha señalado en sus años de alcaldesa comprobó «la dificultad de corregir este tipo de situaciones». «Ahora contamos con más medios y legislación más adecuada. Hagamos las recomendaciones oportunas a las administraciones públicas para beneficiar y amparar a los ciudadanos», ha indicado.
Soledad Becerril ha explicado que «los Defensores recibimos quejas de ciudadanos que nos describen lo que ocurre en torno a su domicilio, los ruidos que se producen, que no les dejan vivir, y que nos dicen que la administración, en general ayuntamientos, no corrige la situación».
Tras ello, ha manifestado que «resulta llamativo el no cumplimiento de las medidas exigidas tras una inspección y la escasa eficacia de las sanciones».
En el acto de inauguración han participado también la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, y la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez. Ésta última ha alzado su voz contra la «soledad con que la ciudadanía soporta la vulneración de derechos o, caso de superar el miedo a las instituciones o a una Administración lenta y fagocitadora, el largo camino de la reclamación».
Aznárez, que ha puesto a las defensorías de los pueblos como ejemplos de «instituciones que velan por los derechos posicionándose con la parte más débil», ha abogado por la adopción de una «visión colectiva» para, en este caso «desde la labor parlamentaria, dar expresión política-institucional al conflicto social. Tenemos que ser la voz y las manos de las personas que sufren».
Por su parte, Uxue Barkos ha puesto el acento en el «carácter social, no individual, ni siquiera vecinal, de un problema real al que las administraciones hemos mirado muchas veces de reojo». «Tras Japón, el Estado español encabeza el podio de la contaminación sonora, de hecho más de nueve millones de personas conviven diariamente con niveles de ruido superiores a los 65 decibelios, nivel máximo recomendado por la OMS. Esta realidad exige una respuesta», ha destacado.
A ese respecto y tras subrayar la «muy alta factura» que, a nivel de salud, «pagamos por esa sobreexposición a niveles de ruido inaceptables», Barkos ha recordado que «Navarra fue la primera Comunidad en promulgar una norma reguladora del ruido ambiental. Europa lleva también 25 años reglamentando, pero no como parte de un programa medioambiental global de reducción del ruido».
A modo de colofón y tras subrayar el «consenso internacional» en torno a los límites de ruido aceptables, en torno a «un problema local de origen no local», Barkos ha respaldado el «análisis especializado» que los Defensores del Pueblo van a realizar de las consecuencias del ruido ambiental y la contaminación acústica.
