Jueza y fiscal apelan al Consistorio a solucionar el problema del ruido

pamplona – La titular del Juzgado de Instrucción número 3, María Paz Benito, reconoce en un reciente auto de 12 de febrero y debido a las problemática vecinal que ha originado la proliferación y concentración de bares en calles del Casco Viejo, que “son los entes públicos con atribuciones y competencias en la materia quienes hayan de dar respuesta a un problema tan grave como el que de forma continua se está planteando”, es decir que el problema es de gran consideración y que es responsabilidad del Ayuntamiento de Pamplona darle solución.

La jueza decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa por la vía penal, ya que, según concluye “nos encontramos ante una cuestión eminentemente administrativa” (es decir, en todo caso sería la vía del Contencioso la correcta). Así, entiende que tras la denuncia penal presentada el 23 de enero por 13 vecinos (han recogido 500 firmas de afectados), por presunto delito medio ambiental, debido al ruido y la suciedad originados “por la concentración de establecimientos de hostelería y la afluencia masiva de público y que está provocando una afectación a la salud pública”, primero se plantea “un problema de ausencia de sujeto activo del delito”, es decir “no nos encontramos ante una determinada persona a la que se pueda atribuir la causación del ruido“, sino que es la “afluencia masiva de las personas en determinados días” y a “determinadas calles” la que produce “altos niveles de ruido que provocan las consecuencias negativas”. Añade que “no podemos considerar que los propietarios de los locales sean responsables de ese ruido que se genera en la calle”, y, respecto a un bar de Tejería, precisa que el titular no ha de responder “penalmente por los ruidos que puedan generar las personas que se encuentran en la vía pública”, pero pudiera ser que “esta responsabilidad” le sea exigida “en vía administrativa conforme a los términos de instalación de la terraza”.

LICENCIAS “REGLADAS” Respecto al posible delito de prevaricación al que aludía la denuncia vecinal, fundamentado en “la falta de actuación” del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento, ante “el grave problema de ruidos que se ha planteado de continuo”, la jueza recuerda que “la concesión de licencias de apertura de nuevos establecimientos es una actividad reglada”, que en todo caso cabría recurrir cada “autorización” o “ampliación de horarios de apertura”, y que, a pesar de ello, puede ser necesario “que se adopten las medidas previstas para lograr un adecuado equilibrio entre todos los intereses en juego”, lo cual “ha de corresponder a la Administración y no al derecho penal”. En su denuncia, los vecinos pedían al juzgado una serie de diligencias de investigación, como que pudieran declarar los firmantes describiendo su problemática, se requiriera al Ayuntamiento el listado de nuevas aperturas y aperturas futuras de bares, y el de locales sancionados entre 2008-2014 . Pedían también medidas preventivas, de tal manera que “se arregle el problema urgentemente, porque es perentorio”.

INFORME DE FISCALÍA A pesar de que la jueza ha decretado el sobreseimiento provisional, por considerar que no es causa penal, el informe de la fiscalía también es bastante claro y extenso (seis folios) a la hora de considerar la problemática: “Claramente existe un problema para los vecinos del Casco Antiguo de Pamplona y los intereses en conflicto son varios”, sin embargo también coincide “que la vía penal no es la más adecuada para la resolución de dichos problemas”, ya que “el Ayuntamiento de Pamplona tiene los medios suficientes para la solución de este tipo de enfrentamientos”, porque debe velar “no solo por la bonanza económica y la recuperación de un barrio”, sino porque “dicha revitalización sea de calidad y compatible con la habitabilidad del mismo”.

Los vecinos ya han presentado recurso de reforma y prevén continuar adelante, si fuera necesario, con recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.