El ruido de La Madrila, en Cáceres, llega a juicio tras 30 años de molestias
EFE 17 de septiembre de 2017
El miércoles se sientan en el banquillo la exalcaldesa Heras, el exedil Jurado y once hosteleros
El juicio conocido como ‘caso del ruido’ por los locales de ocio de La Madrila, en Cáceres, llega a juicio este miércoles, tras tres décadas de molestias a los vecinos, y sentará en el banquillo a la exalcaldesa socialista de Cáceres, Carmen Heras, al exedil de Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado, y a 11 hosteleros.
A los dos excargos públicos se les acusa de ser responsables de la contaminación acústica en la zona de ocio de La Madrila entre 2007 y 2011, para quienes la Fiscalía pide un año y nueve meses de prisión para cada uno de ellos.
En cuanto a los once empresarios al frente de los nueve establecimientos denunciados, el Ministerio Público ha solicitado la pena de tres años de prisión para cada uno de ellos.
El juicio, que será visto en el Juzgado de lo Penal 2 de Cáceres, está previsto que dure alrededor de un mes y medio, lo que lo convierte en uno de los procesos más largos vistos en esta sala.
Tras una larga instrucción de casi cinco años, el «caso del ruido» de La Madrila llegará por fin a juicio y volverá a sentar en el banquillo a Carmen Heras, que ya fue condenada a ocho años de inhabilitación por la forma de pago al Festival Urban Screen, aunque la sentencia no es firme y está recurrida.
La Fiscalía apunta que los barrios cacereños de La Madrila y Peña del Cura habían sido declaradas Zonas Ambientales Protegidas en diciembre de 1996.
A pesar de ello, los vecinos, al menos desde 2007, han estado sufriendo unos altos niveles de ruido en el interior de sus domicilios emitidos por los establecimientos de ocio.
Para el Ministerio Fiscal ni la entonces alcaldesa ni el concejal «adoptaron cada uno dentro de sus competencias las medidas idóneas para la protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos».
Aunque se adoptaron sanciones económicas, «no impedían la continuidad de los ruidos» o «no resolvían los expedientes».
Además de la pena privativa de prisión se solicita para ellos la inhabilitación para empleo o cargo público durante un periodo de diez años.
Los locales afectados son Maquiavello, LaBelle, Tacones, Súgar, Submarino, La Cuerda, discoteca Down, Barroco y Latinos, muchos de ellos ya desaparecidos.
A sus once responsables también se les exige el pago en concepto de responsabilidad civil a una veintena de vecinos cuyas cantidades tendrá que decretar la Sala y que la acusación particular cifra en 297.000 euros.
La Fiscalía señala que esta exposición continuada al ruido ha causado «situaciones de depresión y ansiedad a los vecinos», todo relacionado con los trastornos del sueño.
