El número 2 de la Fiscalía de Madrid, expulsado por sus negocios en Navarra
E.C. Sábado, 4 de Marzo de 2017
Justicia atribuye una falta muy grave a Emilio Valerio, de Dicastillo y que figura en una decena de empresas
Pamplona – El teniente fiscal de Madrid, Emilio Valerio Martínez de Morentin, natural de la localidad navarra de Dicastillo, ha sido separado de la carrera fiscal y, por tanto, apartado de su cargo por el Ministerio de Justicia por un expediente disciplinario que ha desembocado en la autoría de una falta muy grave por ejercer “actividades incompatibles con el cargo de fiscal”. Su expulsión es recurrible ante la AN. A Valreio se le acusa en concreto por desarrollar actividades mercantiles, la mayoría de ellas en Navarra, donde Valerio posee negocio vitivinícolas, una fábrica de cerveza y varios establecimientos de hostelería en Pamplona. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece una férrea incompatibilidad de los fiscales con el ejercicio de la actividad mercantil. El ejercicio de cargos fiscales es incompatible “con el ejercicio directo o mediante persona interpuesta de toda actividad mercantil. Se exceptúa la transformación y venta de productos obtenidos de los bienes propios, operaciones que podrán realizarse, pero sin tener establecimiento abierto al público” y también “con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género”.
Valerio figura como cargo activo en más de una decena de sociedades, pero él alegó, cuando se le comunicó en diciembre el decreto de la inspección fiscal que ya proponía su expulsión, que se trataban de negocios familiares y bienes heredados. Además, acusado como es de acometer nuevas inversiones, y según una información del diario El País, Valerio asegura que esos negocios eran los necesarios para mantener el patrimonio familiar y los puestos de trabajo que con él había generado. A su vez, en el mismo periódico, contaba que su actividad mercantil privada la realizaba a 400 kilómetros de su jurisdicción, Madrid, y que la misma era públicamente conocida por todos los jefes de la Fiscalía sin que nadie le advirtiera de posibles incompatibilidades ni le pusiera reparos a que siguiera ejerciendo como empresario del sector agroalimentario.
Según indicaba entonces, Valerio, que renunció ya en diciembre a seguir defendiendo su reincorporación al puesto, del que ya había sido apartado seis meses en verano, el procedimiento que inició su expediente procedía de un informe patrimonial que encargó un abogado en un recurso que presentó ante la Audiencia de Madrid para que no le derribaran un inmueble que levantó en un espacio protegido. Valerio defendió entonces, según El País, que “ese procedimiento judicial ajeno a este asunto no puede ser el cauce legal para que se me incoe un expediente disciplinario”.
El fiscal navarro ejerció durante tres lustros como fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y representó a la acusación pública en el caso Yesa que se juzgó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y ha encabezado varias acusaciones contra delitos urbanísticos y medioambientales en varios municipios de la comunidad madrileña donde la burbuja inmobiliaria hizo estragos.
