El Consistorio en funciones de UPN paralizó el cierre de un bar pese a los informes técnicos
Ana Ibarra – Miércoles, 8 de Junio de 2016
El edil de Urbanismo Juan José Echeverría “rechazó” la suspensión de la licencia, que tampoco se llevó a Junta de Gobierno
Su hermano fue abogado del titular de La Granja
“No firmé y me abstuve en todo el expediente para no tener nada que ver”
Pamplona – El que fuera concejal delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Pamplona Juan José Echeverría no validó después de las últimas elecciones municipales un expediente disciplinario abierto a un bar de la Estafeta (La Granja) por incumplir de manera reiterada la normativa urbanística (construcciones e instalaciones sin permiso en el patio) y que, a juicio de los técnicos, hace más de un año debía haber sido clausurado. Un expediente que tuvo vinculación con su hermano ya que éste asistió como abogado a la propiedad del bar, razón de incompatibilidad por la que el edil regionalista se abstuvo los dos años y medio que duró la denuncia municipal.
El expediente se activó a partir de una inspección municipal donde se detectaron construcciones ilegales en un patio interior, concretamente una cocina, una zona frigorífica y un almacén. La secretaria técnica de Urbanismo y Vivienda ya dejó claro en un informe del 30 de abril de 2013 que la abstención del concejal delegado en este expediente (en la firma de los informes y en los acuerdos de la Junta de Gobierno) se debía al hecho de que “su hermano Víctor Echeverría asiste a los titulares del local como abogado”.
El proceso sancionador pasó por diferentes fases, la imposición de dos multas, la interposición de un recurso de reposición y otro de alzada y una resolución del TAN favorable al Ayuntamiento (4-3-2015) que daba la razón a los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento. Los sucesivos incumplimientos por parte de la empresa Argi-Bizi SL, que regentaba el negocio en régimen de alquiler, llevaron al Consistorio a abrir, en abril de 2014, un expediente de revocación de licencia, lo que implicaba la suspensión inmediata de la actividad de bar como “medida cautelar, la revocación de la licencia, la orden para que la Policía Municipal clausurara el local, así como la suspensión del suministro de agua y energía eléctrica. El informe jurídico que validó la suspensión de la actividad hostelera fue fechado el 19 de mayo de 2105 y daba diez días a la empresa (Argi-Bizi SL) “como trámite de audiencia”, resolución que fue refrendada por la Secretaria Técnica del área de Urbanismo el 28 de mayo. Las elecciones fueron el 24 de mayo.
El cierre del bar requería legalmente un trámite final que era el visto bueno del concejal del área de Urbanismo o, en su defecto, de la Junta de Gobierno. Según reconoce en un informe el secretario técnico del Área de Ciudad Habitable y Vivienda, Fermín Bacaicoa, esta firma fue rechazada por Juan José Echeverría. El edil cerró el expediente (no se dio el visto bueno a la propuesta) por un “motivo de reconsideración”. Tampoco la medida disciplinaria fue refrendada por la Junta de Gobierno Local de la que era secretaria en aquel momento (es decir, hacía los órdenes del día) la edil de UPN Ana Elizalde. En la documentación a la que ha tenido acceso este periódico queda constancia que dicha resolución sí se propuso desde el área técnica para que entrara en el orden del día de la JOB del 29 de mayo (número 6), fecha que correspondía con el cumplimiento de los diez días del trámite de audiencia. Finalmente, in extremis el punto no fue incluido a debate en dicha sesión de gobierno. El carpetazo al expediente supuso por lo tanto su paralización dos años y siete meses después de su arranque, y el traspaso del asunto al nuevo gobierno.
El informe de Bacaicoa ante la petición del juzgado que investigaba el caso de la querella de Elizalde contra el concejal Joxe Abaurrea por la moratoria de licencias hosteleras puso en evidencia que, desde 2014, de los 20 expedientes tramitados sólo uno, precisamente el de La Granja, fue rechazado por el concejal de Urbanismo, puesto que ocupaba en aquel momento Juan José Echeverría (UPN). En su informe destaca que la propuesta del 28 de mayo de 2015, que contó con la “conformidad y validación” de la Secretaria Técnica del Área el 28 de mayo, recibió el “rechazo” del concejal el 8 de junio de 2015. “Tras imponer varias multas coercitivas a un establecimiento, se decide iniciar expediente de revocación de licencia de apertura de bar por incumplimiento reiterado. Se elabora propuesta (de Junta de Gobierno porque consta en el expediente informe de Secretaría Técnica en relación con la abstención del concejal delegado en este expediente), la propuesta de resolución definitiva se firma por Secretaría Técnica pero se rechaza por el concejal”, abunda. El informe fue firmado el 7 de marzo de 2016.
El nuevo gobierno se plantea ahora retomar el asunto al haber transcurrido un año sin que el local haya sido clausurado y sin conocerse las causas de su paralización.
En octubre de 2012 los propietarios de los inmuebles de la calle Estafeta 71 presentan un denuncia ante el Ayuntamiento sobre la actividad del bar, concretamente sobre el uso del almacén y espacio en el que se cocina en el patio situado en la fachada trasera del edificio, que produce molestias de ruidos y salubridad a la vecindad, así como la colocación de elementos como barricas tipo mesas, taburetes, etcétera, que obstruyen el acceso al portal y timbres del edificios. Girada una primera visita de inspección de obras, en noviembre de 2012 desde Urbanismo se propone iniciar un expediente por “la ejecución de construcciones sin permiso”, no siendo posible su legalización al colisionar con la normativa urbanística del Casco Antiguo (PEPRI). La titular del negocio argumentó que lo llevaba en régimen de alquiler desde 2008 y que se encontró el patio en las condiciones actuales.
Echeverría se defiende Por su parte, Echeverría, concejal de UPN en este mandato, aseguró ayer que desde el principio evitó participar en este expediente precisamente porque su hermano “llevó en una ocasión la defensa que después pasó a otro abogado”. “Por ser escrupuloso, por si acaso, me aparté en todo momento del expediente porque sabía que el Ayuntamiento seguía notificándole los avisos porque había estado vinculado en un primer momento”, remarcó. “Ni he firmado informes ni he participado en las votaciones de la Junta de Gobierno. No tengo ningún interés en este asunto”, indica quien asegura no conocer los detalles de cómo concluyó el expediente: “Ni he participado ni he querido saber. Lo que sé es que coincidió con el cambio de gobierno”, reiteró. Destacó además que no firmó la resolución sobre la licencia porque su deber era abstenerse: “Podía haberla firmado pero no quise para no tener nada que ver con este asunto”.
El Post-it
Tribunales. El caso de Echeverría se conoció con motivo de la investigación que ha llevado a cabo el juez ante la querella por prevaricación (archivada) contra el concejal Joxe Abaurrea en relación a la moratoria que dictó Urbanismo en agosto de 2015 para las nuevas licencias de hostelería del Casco Viejo y que suponía la paralización efectiva de seis licencias. El juez pidió a los servicios técnicos municipales información sobre los diferentes expedientes de obra y actividad clasificada de bares y restaurantes o sociedades gastronómicas tramitados en el Ayuntamiento desde enero de 2014. El de La Granja destacaba precisamente porque era el único expediente de un listado de 20 en el que el responsable del área había rechazado expresamente firmarlo.
Cronología.
Construcciones en el patio. Por resolución del área de Urbanismo de enero de 2013 se ordena la retirada de las construcciones ilegales. En febrero se presentan alegaciones que son desestimadas. Se encona la disputa entre el Ayuntamiento y los arrendatarios, y asiste a los titulares como abogado el hermano del concejal.
Alternativas y TAN. En junio el arquitecto de la empresa gestora propone una alternativa para legalizar los elementos construidos y que permita la cubrición del patio, pero que fue rechazada (JOB de 22 de octubre de 2013). El Consistorio argumentó que es “reiterada la jurisprudencia que señala que las licencias urbanísticas sólo pueden obtenerse por el procedimiento legal destinado al efecto, que no puede ser sustituido por el mero paso del tiempo”. El 24 de diciembre de 2013 la parte recurrente presenta un nuevo escrito en el Ayuntamiento insistiendo en la solución urbanística con determinados materiales. El 11 de marzo de 2014 la JOB desestima una vez más la propuesta de la parte denunciada. El 26 de abril se interpone un recurso de reposición alegando la caducidad del expediente y solicitando su archivo. El 17 de junio de 2014 la JOB rechaza la petición.
Dos multas de mil euros. Por acuerdos de la junta, de 6 de mayo y 12 de agosto, se imponen dos multas coercitivas de 1.000 euros cada una. El Tribunal Administrativo de Navarra desestima en febrero de 2015 el recurso de alzada interpuesto por Argi-Bizi SL.
Resolución de cierre. Ante los sucesivos incumplimientos en abril de 2015 el Ayuntamiento abre un expediente de revocación de la licencia que implica el cierre del bar. La resolución es aprobada por la secretaria técnica pero nunca llegó a ejecutarse al no contar, en primer lugar, con la firma del concejal delegado (no valida el informe) ni tener, tampoco, el plácet de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento a la que no llegó el expediente.
