El Consistorio investigará el expediente de La Granja desde 2012 ante posibles irregularidades
A. Ibarra/K. García – Jueves, 9 de Junio de 2016
El gobierno local reabre la denuncia tras inspeccionar el local que mantiene construcciones ilegales
Pamplona – La comisión de Urbanismo examinará toda la documentación disponible relativa al expediente sobre el bar La Granja, en la calle Estafeta, para conocer cómo ha sido tramitado y poder determinar posibles irregularidades en la gestión de UPN. Fue una solicitud planteada por el grupo municipal de Geroa Bai, que fue apoyada por el resto de formaciones. El expediente disciplinario, que se analizará desde el 2012 hasta la fecha de hoy, se puso en marcha tras una inspección municipal que detectó construcciones ilegales en un patio interior, concretamente una cocina, una zona frigorífica y un almacén.
Los técnicos del área de Urbanismo dictaminaron tras una larga disputa administrativa y judicial la revocación de la licencia (informes del 19 y 29 de mayo de 2015), es decir, la suspensión de la actividad. El cierre del bar requería legalmente un trámite final que era el visto bueno del concejal del área de Urbanismo (en funciones tras las elecciones) o, en su defecto, de la Junta de Gobierno. Según reconoció en un informe posterior el secretario técnico del Área de Ciudad Habitable y Vivienda, Fermín Bacaicoa, esta firma fue rechazada por Juan José Echeverría. El edil cerró el expediente (no se dio el visto bueno a la propuesta técnica) alegando un “motivo de reconsideración”. Tampoco la medida disciplinaria fue refrendada por la Junta de Gobierno Local pese a que los técnicos propusieron elevarla para su validación legal. El carpetazo al expediente supuso de facto su paralización dos años y siete meses después de su arranque, y el traspaso del asunto al nuevo gobierno. Cabe recordar que la Secretaría Técnica de Urbanismo y Vivienda estableció en un informe del 30 de abril de 2013 que el concejal delegado en este expediente, Juan José Echeverría debía abstenerse en este expediente (en la firma de los informes y en los acuerdos de la Junta de Gobierno) por el hecho de que “su hermano asiste a los titulares del local como abogado”.
Por su parte, el concejal de Urbanismo Joxe Abaurrea (EH Bildu) aseguró ayer que UPN deberá explicar la razón por la que no se dio “traslado” al órgano correspondiente la suspensión de la licencia pese a los informes técnicos favorables lo que califica cuanto menos de “irresponsabilidad”. “Se produce un corte brusco del expediente. Alguien suspende el procedimiento y queda paralizado. Si el concejal delegado estaba inmerso en una causa de abstención debió haber justificado su rechazo al expediente, que no se motivó, y, en todo caso, elevarlo a la Junta de Gobierno como órgano competente. Tampoco se tramitó por esta vía. El expediente quedó sobre la mesa, se dejó morir. Además, para considerar una omisión y no un rechazo activo lo lógico hubiera sido haber dar traslado de ese expediente a la JOB pero, al parecer, no se produjo o, si se hizo, no tuvo esos efectos por lo que habría que explicar las razones”, abundó quien reconoció por otro lado que la letrada encargada de este asunto se encontraba de baja en el momento de la suspensión de tal modo que no fue hasta su reincorporación, el pasado mes de marzo, cuando se se tuvo conocimiento del tema.
Asimismo, aseguró que el Ayuntamiento ha reactivado el expediente, se ha inspeccionado el local y se han detectado los mismos ”incumplimientos” de tal forma que “en breve habrá una propuesta similar que se dará traslado a la empresa”. El cierre del bar sería inminente salvo que la empresa decidiera ejecutar las obras que le ordenó el Consistorio.
REACCIONES Por su parte el concejal de Aranzadi Armando Cuenca destacó ayer que “no cabe alegar desconocimiento desde la persona que lleva mucho tiempo al frente de Urbanismo; hay una clara voluntad de retrasar ese cierre por los motivos que sean”. “Los informes técnicos eran claros y el expediente entra y sale de la Junta de Gobierno”, abundó. También a la edil de IE Edurne Eguino le “sorprende que sea el único caso de la lista solicitada por el juez en el que se evidencia discrepancias entre el personal técnico y político”. “Merece una explicación política por parte de quien ejercía la responsabilidad como concejal delegado, sobre todo si tenemos en cuenta que ejercieron dicho gobierno hasta el último día firmando expedientes de todo tipo”, reiteró.
Cabe recordar que el concejal regionalista Juan José Echeverría ha negado cualquier interés por paralizar el cierre y asegura que se inhibió de participar en todo el procedimiento pese a que su hermano sólo participó en la defensa como abogado de la empresa en un primer momento.
BATALLA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA
Dos años y medio. El proceso sancionador contra La Granja pasó por diferentes fases, la imposición de dos multas, la interposición de un recurso de reposición y otro de alzada y una resolución del TAN favorable al Ayuntamiento (4-3-2015) que daba la razón a los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento. Los sucesivos incumplimientos por parte de Argi-Bizi SL, que regentaba el negocio en régimen de alquiler, llevaron al Consistorio a abrir, en abril de 2014, un expediente de revocación de licencia, lo que implicaba la suspensión inmediata de la actividad de bar como “medida cautelar, la revocación de la licencia y la clausura del local.
