Vecinos del Arenal preparan varios procesos judiciales que podrían costar indemnizaciones millonarias al Ayuntamiento de Xàbia

La Marina Plaza 3 de septiembre de 2019

Hartos de la contaminación acústica y de las irregularidades de diversos locales de ocio del puntal sur del paseo, irán a los tribunales si persiste la «inactividad» del Consistorio

Unos diez locales llevan años funcionando pese a carecer de licencias de actividad, autorización de Costas, registros sanitarios, planes de evacuación en casos de emergencias e insonorización en zonas interiores

Reclamarán daños de salud y morales, los gastos de insonorización y climatización de sus viviendas, pérdidas de valor de sus inmuebles y gastos de abogados y procuradores

Después de años de quejas y denuncias a la Policía Local y al Ayuntamiento por la contaminación acústica e ilegal de varios locales del puntal sur del Arenal de Xàbia, un grupo de casi 150 vecinos está listo para a ir a los tribunales si no se soluciona el problema. Al consistorio podría salirle muy caro, teniendo que abonar indemnizaciones millonarias según calculan los abogados que llevan el caso.

Cansados de la situación, los vecinos, a través de sus abogados, solicitaron hace un año ayuda al Síndic de Greuges. Tras meses de investigaciones, el defensor del pueblo valenciano descubrió que unos diez locales llevan años funcionando pese a carecer de licencias de actividad, autorización de Costas, registros sanitarios, planes de evacuación en casos de emergencias e insonorización en zonas interiores, y que hacían uso de altavoces de gran potencia en terrazas descubiertas.

El colectivo dice haber agotado todas las vías posibles de entendimiento tras haber mantenido reuniones con el alcalde, José Chulvi, la responsable de Urbanismo, Isabel Bolufer, y el nuevo concejal de Actividades, Alberto Tur, sustituto de José Luis Luengo. Llegaron incluso a proponer una mesa de trabajo entre Ayuntamiento, vecinos y empresarios para que estos pudieran legalizar su situación aprovechando la temporada baja, sin afectar a los puestos de trabajo. Pero esta propuesta amistosa cayó en saco roto y, tras otro verano sin soluciones ni avances, se les ha agotado la paciencia. Es por ello que ahora van a iniciar los preparativos de dos procesos judiciales, posiblemente una vez concluyan las fiestas de la Maré de Déu del Loreto.

“Hemos dado muchas oportunidades para resolverlo de forma amistosa”
“Desde el principio hemos actuado de buena fe. Pudiendo haberlo hecho al principio de esta larga historia, no quisimos iniciar los pleitos para no incomodar a los responsables políticos y les hemos dado muchas oportunidades de resolver la situación de forma amistosa. Desgraciadamente nos han hecho perder un tiempo valioso. Son expertos en poner excusas de todo tipo y en dar la impresión de que están trabajando sin desmayo (con fotos a modo de marketing digital), cuando la realidad es bien distinta. Ya no queremos que se rían más de nosotros”, señalan.

Una de las vías que los abogados de los vecinos están manejando es la de entregar los expedientes que tienen a la Fiscalía de Medioambiente para que investigue si se vienen produciendo presuntos delitos de prevaricación ambiental, lo que podría derivar en responsabilidades penales. Y es que no entienden cómo es posible que, teniendo conocimiento de las reiteradas y graves ilegalidades, el Ayuntamiento lleve más de 10 años haciendo la vista gorda con estos locales comerciales. “Sorprende que los vecinos tengamos que cumplir a rajatabla con las leyes y, sin embargo, en esos locales se venga permitiendo todo. Al final, siempre tenemos que ser los vecinos los que pongamos el grito en el cielo para que el Ayuntamiento reaccione, como ya sucedió en el caso del restaurante en la parcela vacía del Montañar II”, prosiguen.

La otra vía que ya tienen preparada es la del pleito contencioso-administrativo por inactividad continuada del Ayuntamiento. En estos casos, los vecinos pueden reclamar perjuicios tales como daños de salud y morales derivados de la contaminación acústica ilegal, los gastos de insonorización y climatización de sus viviendas, pérdidas de valor de sus inmuebles o gastos de abogados y procuradores, entre otros. Al parecer, el colectivo tiene el apoyo de numerosas sentencias del Tribunal Supremo, de las que destaca una de 2008 a la que ha tenido acceso este diario, que terminó condenando al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, en un caso similar, a indemnizar con 156.260 euros a cada uno de los vecinos recurrentes.

“Llevamos viviendo aquí desde antes de que el puntal sur del paseo marítimo fuera invadido por discotecas y bares de copas, con la consiguiente saturación. Llegaron, comenzaron a funcionar y, durante todos estos años, no les ha importado nada que tengamos que vivir sin poder abrir las ventanas en verano, con tapones en los oídos para poder dormir por las noches, con vibraciones en las ventanas, etc. Hay vecinos que se tienen que marchar a Valencia los fines de semana para poder descansar”, lamentan, y añaden que no piden silencio, solamente que el Ayuntamiento obligue a cumplir las normas.

Junto con la inactividad del Ayuntamiento, los vecinos apuntan al Departamento de Costas del Ministerio de Fomento, puesto que también viene permitiendo el funcionamiento de los locales sin contar con la autorización exigida por la Ley de Costas. Apuntan los abogados que “aquí viene sucediendo lo tradicional en estos casos: las competencias están repartidas y las distintas administraciones centran sus esfuerzos en pasarse la pelota unos a otros para tratar de cansar a los vecinos afectados y que no les queden ganas de acudir a los tribunales. Es una estrategia más antigua que la playa y peligrosa, porque terminas generando cabreo entre los vecinos y agotando su paciencia”.

Cada vez se suman más vecinos y empresarios
El colectivo de vecinos asegura que, a raíz del amparo que recibieron del Síndic de Greuges, cada vez son más los vecinos interesados en formar parte de sus reclamaciones, y apuntan incluso al apoyo de algunos empresarios de la zona, que ven con recelo las irregularidades de algunos locales y, en especial, las diferencias de trato. “Esta situación de inactividad del Ayuntamiento no solamente perjudica a los vecinos de la zona, sino también y de forma especial a aquellos otros empresarios del Arenal que han tenido que realizar cuantiosas inversiones de tiempo y dinero en adecuar sus locales para cumplir con las leyes. Se trata de un caso evidente de competencia desleal, pero permitido por la inactividad municipal”, señalan los abogados de los vecinos.